Análisis de las nuevas medidas de Estados Unidos hacia Cuba

Después de varios meses de espera, el 9 de noviembre de 2017 la administración norteamericana dio a conocer nuevas medidas que afectarán las relaciones de negocios y de intercambio con Cuba. En esencia, las medidas se concentraron en dos áreas: la prohibición de viajes individuales autodirigidos, permitidos bajo la administración de Obama y la limitación de las transacciones económicas con entidades pertenecientes al sector militar cubano. El análisis de los posibles impactos de estas regulaciones hay que hacerlo desde dos dimensiones: su alcance y su viabilidad.

Con relación a los viajes, las nuevas disposiciones establecen que para viajar con propósitos educativos no académicos hay que hacerlo con el auspicio de una organización bajo jurisdicción norteamericana y deberán estar acompañados por un representante de la misma. La medida va destinada a tratar de frenar el flujo de visitantes norteamericanos que se disparó después de la política de flexibilización adoptada por Obama, que incentivó un enmascarado turismo de ocio, prohibido por el embargo a Cuba y que triplicó la cantidad de visitantes norteamericanos entre el 2014 y el 2016, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Los que más se se podrían afectar con la eliminación de la flexibilidad en los viajes son la economía cubana y en particular el emergente sector privado de la isla, que se ha beneficiado directa e indirectamente del incremento en el flujo de visitantes del vecino del norte, además de las líneas aéreas de ese país, que habían apostado fuertemente por el mercado de la nación antillana. Falta por ver como las agencias gubernamentales estadounidenses podrán fiscalizar con eficacia el cumplimiento de estas disposiciones.

En el área de los negocios, las nuevas reglas prohíben las transacciones financieras directas con 180 entidades de la nación caribeña, entre ellas más de un centenar de hoteles, marinas y tiendas, controladas por el sector militar cubano.

Es impreciso el alcance de esta nueva disposición, ya que como está formulada, queda abierta a varias interpretaciones. Por ejemplo, las empresas sujetas a la jurisdicción norteamericana no podrán vender ni comprar a una empresa nominalizada en la larga lista publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero no está claro si afecta por igual a un individuo que desea comprar un producto en una de las tiendas controladas por el grupo militar GAESA. También podría interpretarse que, entonces, las empresas estadounidenses pueden hacer transacciones financieras indirectas o pueden hacer negocios con empresas estatales cubanas, no vinculadas al aparato militar, a pesar de que las regulaciones del embargo lo prohíben (exceptuando los sectores agrícolas, farmacéuticos y telecomunicaciones).

El impacto más negativo de esta medida para Cuba y empresas norteamericanas interesadas está en la prohibición a hacer negocios en la Zona Económica Especial del Mariel, que es una de las prioridades de desarrollo del gobierno cubano y donde existen las mayores ventajas contributivas para las inversiones foráneas.

En sentido general, las nuevas regulaciones adoptadas por la actual administración de los Estados Unidos, si bien constituyen restricciones a las relaciones económicas y de negocios entre ambos países, no desvertebró el escenario de flexibilidad que logró el anterior inquilino de la Casa Blanca, ya que en esencia, se ha mantenido:

• Las demás medidas económicas y de negocios adoptadas entre el 17 diciembre del 2014 y diciembre del 2016.

• La disposición de que empresas de Estados Unidos puedan desarrollar vínculos con el emergente sector privado

• Los acuerdos migratorios entre ambos países

• La eliminación de la política “pies secos – pies mojados”

• La exclusión de Cuba de la lista de países que financian el terrorismo

Otro elemento positivo a destacar es que las nuevas medidas no tienen carácter retroactivo, por lo que los acuerdos adoptados entre empresas de Estados Unidos y Cuba previos al 9 de noviembre del 2017 se mantienen vigente.

Con respecto a Puerto Rico, las disposiciones adoptadas por la administración de Donald Trump no aportan un ingrediente adicional a las restricciones ya existentes, ni ensombrecen las ventanas de oportunidades que se habían abierto con las medidas adoptadas bajo el gobierno de Obama. De acuerdo al perfil de las empresas boricuas, sus mejores posibilidades de vincularse económicamente con Cuba radican en aquellos sectores no dominados por el aparato militar cubano. Es bueno señalar, que si bien los militares de la Mayor de las Antillas controlan, a través de su Grupo GAESA, las actividades más lucrativas de la economía como son el turismo y la red de comercio mayorista y minorista en divisas (que en definitiva quedaron excluidas de las flexibilidades otorgadas por Obama), no dominan el grueso de la economía cubana y en particular aquellos sectores que tienen una mayor aportación a la producción nacional.